Es la acción, como deber legal y ético, que tiene todo funcionario de responder e informar por la administración, el manejo de los bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. Su finalidad es la búsqueda de la transparencia de la gestión de la Administración Pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del servidor público.